Hasta ahora los Gobiernos
habían mantenido una política coordinada
sobre seguridad vial. Menos este año las víctimas se estaban reduciendo, y sin
ser todavía cifras soportables, se habían convertido en equiparables con el
resto de Europa.
De buenas a primeras alguien se ha dado cuenta que estamos en año electoral. Ya
los sujetos a proteger no son los conductores prudentes, sino que lo importante
es "identificar" a los radares, "que no sirvan para
recaudar" y así "defender los derechos" de los infractores.
Hace unos años Montoro (el bueno, el catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia) nos contó que entonces había en las carreteras españolas los mismos radares que en toda Bélgica (del tamaño de Extremadura). En ningún país europeo se cuestionaba la persecución de los infractores con cualquier artilugio camuflado, sobre todo porque suponía la defensa del resto de usuarios de la vía.
Es una irresponsabilidad levantar la
presión sobre las salvajadas que todavía vemos en nuestras carreteras. No hay
dinero para renovar la flota, para mantener adecuadamente las vías y lo
solucionamos diciendo donde están los radares.
Somos
ciudadanos libres que decidimos la velocidad a la que vamos. Negarnos a asumir
sus consecuencias nos retrata como país y, dios mío, como gobierno.
