JUSTICIA PARA RICOS

Como ciudadano de a pie intento comprender el lío que se ha montado con todo el estamento judicial. Pero una cosa es que no conozcamos sus entresijos y otra que no sepamos que su función es defender a los ciudadanos, proteger nuestros derechos frente a los abusos, incluso de la propia Administración.

El señor Gallardón afirma que son necesarias las tasas para solucionar la falta de medios. Gracias a sus medidas si hoy si me despiden y no hay acuerdo, tendré que pagar 300 € para poner la demanda, y si no acepto la sentencia el recurso me saldrá por 800 €. Eso en paro, y aparte abogado defensor y procurador. ¿Protestar por una multa de tráfico, una factura impagada o porque el seguro me abone lo que le dé la gana?. Por cierto, la empresa que se ha reído de mí, desgravará sus costas judiciales.

¿Que recursos se ahorrará el Gobierno? Las denuncias de todos aquellos que por falta de medios no puedan defenderse de los abusos. Otra vuelta de tuerca: primero te quitan derechos, y luego los que te queden no los podrás defender.

Y además de eliminar decenas de jueces sustitutos, aquellos que cubrían bajas y que pese a todo no conseguían evitar el grave retraso de los asuntos judiciales, la última ocurrencia es privatizar el Registro Civil.  A partir de ahora los notarios y los registradores de la propiedad (como el Sr. Rajoy, qué casualidad) controlarán los nacimientos, fallecimientos y demás documentos que hasta ahora eran gratis. En lugar de agilizar papeleos, crean nuevos trámites y tasas a los ciudadanos.

Creo que no somos conscientes del peligro que supone la adopción de estas medidas. Tras la eliminación de gran parte de los derechos laborales y los recortes y privatizaciones en sanidad y educación, impedir a las clases medias y a los más desfavorecidos la defensa de sus derechos, supone un intento de exclusión como miembros de una sociedad democrática, como iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Y cualquier ministro que lo intentara debería ser expulsado del Gobierno de inmediato.